Si bien un lapso desde el año 1941 hasta hoy en día, no constituye para una institución edad suficiente que permita desarrollar una historia con el rigor que el concepto exige, reconocemos que la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba ya ha vivido etapas que pueden considerarse capítulos de una crónica con matices históricos, por cuanto en su transcurrir ha dejado huellas de un antes y un después, no sólo en el proceso interno de su constitución como entidad, sino también en su acción externa.
Ya sea por obra de sus miembros, al llevar al seno de la corporación el logro de sus investigaciones, estudios y experiencias, ya porque su labor acrecentaba correlativamente su autoridad institucional al participar en la vida del país como organismo orientador en cuestiones atingentes a su quehacer específico, lo cierto es que su presencia ocupó un lugar destacado desde el momento de su creación.
Fue en 1941. El 22 de agosto de ese año la Universidad de Córdoba celebraría un acontecimiento memorable: el sesquicentenario de la cátedra de Instituta, génesis de la Facultad de Derecho, cuyo prestigio la llevaría a un primer plano en la vida jurídica de la Nación.
Se realizaron actos conmemorativos, dictándose clases y conferencias, y se publicaron monografías que destacaban el significado que tuvo aquella cátedra, el contenido sustancial de la misma, y la personalidad del Doctor Victorino Rodríguez, su primer profesor.
Pero el acto de mayor importancia desde el punto de vista institucional fue, sin duda, el que dio nacimiento a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, obra del entonces Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Ingeniero Rodolfo Martínez, quien el 29 de julio del año mencionado presentó al H. Consejo Superior el proyecto de Ordenanza correspondiente.
Consideraba el Rector que no podría rendirse un homenaje mayor a la Facultad al cumplirse siglo y medio de su origen; y fundaba su iniciativa en sólidos argumentos recogidos de su clara trayectoria. Dedica un párrafo a la orientación de sus profesores, a la autoridad que les otorgaba su madurez científica y alude, como aspiración y meta, a las academias de Francia y España.
Estima que la vocación jurídica de Córdoba requiere un centro que no reconozca otros objetivos que los específicos ni otro propósito que no sea el puramente doctrinario, con posibilidad de cooperar en la elaboración de las leyes.
Señala, asimismo, el Ingeniero Martínez, que la idea, propiciada por él meses atrás y consultada con juristas representativos, había merecido la más expresiva adhesión; y que un distinguido profesor de la Facultad de Derecho –que no menciona- fue autor de un proyecto similar que presentó al Consejo Directivo, pero que no se consideró por tratarse de una materia propia del Consejo Superior. Este organismo debería aprobar los estatutos dictados por la Academia.
Sugiere que los sillones llevaran el nombre de juristas ilustres y que los ocuparan quienes representasen a las distintas ramas del Derecho y de las Ciencias Sociales.
Así las cosas, el Consejo Superior dictó la correspondiente Ordenanza, que fijó las bases relativas a las finalidades, atribuciones, autonomía, composición y autoridades de la Academia. E interesa destacar que su dependencia de la Universidad se reducía a la aprobación del presupuesto, designación de académicos en el caso de eventual desintegración hasta completar el número de ocho y a solucionar problemas de extrema gravedad.
Quince miembros de número vitalicios compondrían la corporación, sin contar los académicos honorarios, representantes y correspondientes que se designaren.
Los cinco primeros sillones llevarían los nombres de “Dalmacio Vélez Sársfield” (el presidencial), “Deán Gregorio Funes”, “Victorino Rodríguez”, “Jerónimo Cortés” y “Rafael García”. Los demás sillones serían nominados por la Academia en sesión especial, por el voto de dos tercios del total de sus miembros. También en sesión especial el Consejo Superior designaría al primer presidente y a los diez primeros académicos. Los cinco restantes lo serían a propuesta de tres de los de número, por mayoría absoluta de los presentes, con un quórum de diez, por lo menos.
Sobre esa base, el 18 de agosto fueron nombrados académicos de número los Dres. Henoch D. Aguiar, Santiago Beltrán, Carlos Ernesto Deheza, Julio B. Echegaray, Enrique Martínez Paz, Hipólito Montagné, Sofanor Novillo Corvalán, Raúl A. Orgaz, Luis J. Posse, Guillermo Rothe y Félix Sarría, todos ellos prestigiosos profesores de distintas ramas del Derecho.
Se designó presidente al Doctor Sofanor Novillo Corvalán. La Ordenanza fue elevada al Poder Ejecutivo de la Nación, que el 28 de dicho mes decretó su aprobación, haciéndose referencia a los antecedentes proporcionados por la creación de la Academia Nacional de Ciencias, en 1878, la de Derecho de Buenos Aires en 1931, la Nacional de Bellas Artes en 1936 y la Nacional de la Historia en 1938. El nombre oficial de la entidad sería “Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba”. Firmaron el decreto el Presidente de la República Doctor Ramón S. Castillo y el Ministro de Justicia e Instrucción Pública Doctor Guillermo Rothe.
Se quiso hacer coincidir el acto inaugural con el día en que se iniciaron en 1791 las clases en la cátedra de Instituta. Fue así como ya el 22 de agosto se efectuó solemnemente la ceremonia en la Sala de Sesiones del Consejo Superior de la Universidad.
